Según un reciente informe de la Oficina de la OIT en América Latina, unos 20 millones de los más de 108 millones de jóvenes latinoamericanos y caribeños ni estudian ni trabajan. Los denominados ‘ni-nis’ suponen un serio contratiempo para el óptimo desarrollo de la región. Entre los índices más elevados se encuentran Honduras 28,7%, El Salvador 23,9% y Guatemala 22,8%, lo que supone todo un lastre para Centroamérica. Un territorio en el que miles de adolescentes tratan de escapar de las garras de las maras y la violencia. Este grupo de ‘ni-nis’ según el experto Guillermo Dema “se encuentran en una condición alto-riesgo social”. Hemos de recordar que el empleo no sólo implica un salario sino que también está ligado al desarrollo humano y personal.

Por otra parte, la tesitura en el resto de la región no es más favorable, el 57% de los jóvenes que tienen un empleo, no tiene un contrato laboral formal y por ende no tiene acceso a cobertura social, según el diario azteca ‘El Universal’. En Bolivia por ejemplo, sólo 1 de cada 4 jóvenes logra un acceso a un empleo digno. Juan Carlos Núñez, presidente de la Fundación Jubileo, insta a las instituciones a aprovechar ese gran capital que supone esa fuerza de trabajo para el país con políticas de empleo sostenibles. El crecimiento económico no siempre desemboca en la creación de empleos formales. Según la OIT, países como Brasil, Chile y Argentina han tomado medidas de control exitosas para evitar el crecimiento de empleos informales. Una informalidad nacida del crecimiento exponencial de esta comarca en la última década, que ha disparado el PIB de la mayoría de estos países. La solución radica en anclar el crecimiento en una estrategia de desarrollo productivo.

La situación es bastante desalentadora aunque hay visos de mejora. Este progreso viene de la mano del auge de nuevas políticas de empleo juvenil, como en el caso de Uruguay. Un país que ha apostado firmemente por el desarrollo de una política realmente innovadora.

Uruguay: a la vanguardia de las políticas de empleo juvenil

El país sudamericano ha demostrado su capacidad para poner funcionamiento políticas de empleo efectivas, esto se refrenda con el 6,3% de paro en 2014. Este progreso en materia de legislación en el empleo se ha trasladado al sector más joven. En el año 2013, se aprobó una nueva Ley de Empleo Juvenil, gracias en parte al Instituto de la Juventud de Uruguay (INJU) y a su director Matías Rodríguez. Además se ha desarrollado un Plan de Acción de Juventudes 2015-2025, que persigue situar a los jóvenes como clave del proceso de desarrollo nacional y actores protagonistas de la sociedad. El programa se divide en diálogos y propuestas.

Respecto a dicha Ley, se plantea dotar de incentivos a las empresas para la contratación de jóvenes abonando entre el 15%-80% de su salario en función de su vulnerabilidad. La legislación fija un sistema efectivo de ‘tutorización’ y acompañamiento y la posibilidad de compatibilizar la primera experiencia laboral con los estudios. De esta manera se pretende evitar el riesgo de que el joven abandone su formación. Por último esta Ley es pionera debido a que recoge un programa para que jóvenes transexuales, con discapacidad y afro-descendientes obtengan su primera experiencia laboral.

Tristemente la actitud de Uruguay respecto a los jóvenes no es compartida por muchos estados. Los jóvenes y su fuerza transformadora son el motor para la construcción de un próspero futuro. Las sociedades de hoy en día están cegadas por el cortoplacismo y descuidan el medio-largo plazo; es precisamente en este último punto donde se gestiona el devenir de una nación. Uruguay es consciente de ello, y por eso ha situado las políticas juveniles como eje vertebrador del proyecto de país.

Al hilo de esta cuestión, los días 30 y 31 de octubre tuvo lugar en Lima una reunión regional ministerial sobre ‘Educación para Todos en América Latina y el Caribe: Balance y Desafíos Post-2015’ (Declaración de Lima)