Actualmente en Uruguay la tasa de paro juvenil alcanza el 20% para los menores de 25 años según el Instituto Nacional de Estadística. Para combatir este fenómeno se aprobó la ley N° 19.133, una legislación sobre empleo juvenil. El pasado año ya publicamos una entrevista con Matías Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Juventud Uruguayo (INJU), en la que nos relataba algunas ventajas de la citada ley. Según sus palabras: «mejorar las oportunidades de trabajo decente para los jóvenes, a través de diversos incentivos a empresas que los contraten. Esta norma permite, entre otros aspectos, que los jóvenes contratados que sigan estudiando puedan tener días libres en el trabajo para compatibilizar su formación, y cuotas garantizadas para minorías como afro-descendientes, discapacitados y transexuales». Actualmente, el cargo de director del INJU lo ostenta Santiago Soto.

Si bien los jóvenes uruguayos se han visto respaldados por esta nueva ordenanza, todavía quedan ciertos aspectos por pulir. Por otra parte, no hemos de quitarle mérito alguno a Uruguay, que se ha colocado a la vanguardia en lo que a leyes de empleo juvenil se refiere, por ejemplo, al amparo de colectivos minoritarios. El objetivo es maximizar el alcance y aplicación para mejorar la calidad de vida de los jóvenes. En este sentido, la legislación del país sudamericano se puede considerar pionera en la defensa de los colectivos desfavorecidos.

Según la periodista Lucía Etchegoyen, existen 4 modalidades de contrato: la primera experiencia laboral en el ámbito privado y público, las prácticas laborales para egresados, las prácticas formativas en empresas y el trabajo protegido y promovido. El director nacional de Empleo, perteneciente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Eduardo Pereyra, apuntó que existen 40.000 jóvenes entre 15 y 29 años buscando su primera experiencia laboral. No obstante, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) inquieta el hecho de que esta legislación no ataje la raíz del problema: la necesidad de contar con un estudio técnico por parte de los jóvenes. Diego Yarza, perteneciente al departamento legal de la CNCS, afirmó en una reciente entrevista para el rotativo ‘El Observador’: «Van a estar ocupando seguramente cargos de baja remuneración, y van a incluirlos en actividades donde no se precisan jóvenes para hacer tareas simples, que no requieren mucha técnica. No es atractivo para las empresas ni para el país».

Ley de Empleo UruguayAsimismo, desde algunas consultoras especializadas en recursos humanos en Uruguay apuntan que se enfrentan a una tendencia difícil de cambiar: la insistencia por parte de las empresas a demandar personas con experiencia. Este círculo vicioso deja a los jóvenes fuera del mercado laboral, si no se ofrece una primera oportunidad laboral es técnicamente imposible promover el empleo juvenil. Además, cuanto más tiempo pasa un joven en desempleo más difícil le resulta incorporarse al mismo. Por otro lado, Inés Arrospide, gerente general de Manpower, incide en un aspecto para comprender el contexto de esta ley de empleo juvenil: «Los jóvenes se caracterizan por buscar un trabajo que realmente valoren y disfruten, la atracción por la flexibilidad, y ser más leales a las personas que a las compañías. En general, entienden que una compañía no es un lugar para toda la vida y valoran la capacitación, el clima laboral y las posibilidades de desarrollo. Complementariamente se adaptan rápidamente a la tecnología, integran estímulos, están acostumbrados a la velocidad de internet y esto lo llevan a todos los procesos».

Por último, en líneas generales es una ley beneficiosa para la juventud uruguaya, la verdadera clave radica en aplicarla de manera efectiva para que pueda alcanzar al mayor número de jóvenes posibles y evitar el mayor número de trámites burocráticos posibles. Solo queda esperar, el tiempo juzgará el éxito o el fracaso de esta ley.