El 2017 el desempleo de este colectivo (18 a 24 años) alcanzó el 20,5%, el doble del promedio nacional

El 34% de los jóvenes que trabaja en Chile lo hace sin protección legal. Este es precisamente uno de los puntos con los que el gobierno de Sebastián Piñera pretende corregir con la nueva ley de empleo juvenil. El origen de esta iniciativa era un ‘estatuto especial’, luego de los debates, cuestionamientos y protestas se transformó en una ley.

Esta medida prevé eliminar la tasa de desempleo juvenil, que en 2017 alcanzó el 20,5%, más del doble del promedio nacional y siete puntos más que el promedio mundial. Esta iniciativa aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados con 132 votos establece una jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores incluida ya en el Código del Trabajo.

La nueva ley

El texto instala una horario parcial alternativo que permitirá a los jóvenes que trabajan y estudian adaptar sus horarios laborales. Es decir, tendrán derecho a ausentarse para rendir en los exámenes (sin goce de sueldo), así como la posibilidad de suspender el contrato laboral durante las vacaciones de verano, manteniendo la antigüedad laboral.

En estos casos, el contrato especial debe, según la norma, permitir que los trabajadores estudiantes puedan presentar, cuando corresponda, la licencia o certificado médico que acredite su incapacidad temporal, con el objeto de justificar la ausencia a sus labores.

También señala que el trabajador y empleador pueden acordar trabajar domingos y festivos como jornada ordinaria (sin horas extra), pero la empresa no puede hacerlo apelando al caso que establece el inciso cuarto del Art. 38, que alude a los trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa.

El seguro de salud lo seguirán pagando los padres hasta que cumplan 24 años. Además, cuando la ley entre en vigencia impedirá que esta población pierdan los beneficios sociales como becas o subsidios. Este reglamento no considera el sueldo del estudiante-trabajador como un ingreso. Asimismo, el Consejo Laboral Superior deberá emitir un informe al año de funcionamiento, y base a ese estudio el Gobierno podría considerar una ampliación de hasta los 28 años.